Protección de datos: ¿en qué consiste este derecho fundamental?
Nuestra Constitución, ya en 1978, fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales. Así queda recogido en el artículo 18.4:
- “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”
En 2016, el RGPD daría una definición más exhaustiva de “datos personales”:
- “Toda información sobre una persona física identificada o identificable cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente […] y cuyos datos personales estén tratados en cualquier operación o conjunto de operaciones, automatizadas o no”
La protección de datos es un principio fundamental que garantiza los derechos digitales de todos los ciudadanos españoles y europeos. En esencia, protege el uso indebido de datos personales y permite su libre circulación.
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La protección de datos, como derecho fundamental, nace de la dignidad misma de un ser humano. Es, por tanto, de obligado respeto tanto por otras personas como por el conjunto de los poderes públicos y privados.
En Europa, la protección de datos está regulada por el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). En España, este reglamento europeo tiene su traducción en la LOPDGDD (Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales).
No se trata únicamente de evitar ciberataques y fraudes, sino que la protección de nuestros datos personales se relaciona directamente con una amplia gama tanto de derechos fundamentales como de aquellos que son nativamente digitales.
- Intimidad y honor (Constitución Española)
- Acceso universal, neutralidad y rectificación en internet (LOPDGDD)
- Seguridad y educación digitales (LOPDGDD)
- Protección de menores (LOPDGDD)
- Desconexión e intimidad en el ámbito laboral (LOPDGDD)
- Derecho al olvido (LOPDGDD)
- Testamento digital (LOPDGDD)
La protección de datos se erige como un elemento fundamental de las sociedades de la información. Pone nuestra dignidad en primer lugar y salvaguarda algunos de nuestros derechos más básicos. Es un compromiso compartido que, en última instancia, nos permite tomar decisiones informadas y conscientes sobre cómo compartir y utilizar nuestra información personal.
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